Una exploración conceptual para complejizar el concepto tradicional de Captura del Estado, de manera que sea útil para entender y predecir escenarios más avanzados como los de reconfiguración cooptada del Estado en los que intervienen actores tanto legales como ilegales en la búsqueda de realizar sus intereses particulares, contraviniendo el bienestar general: intereses egoístas de muy diversa índole que van desde los propiamente económicos hasta los políticos y los del poder territorial. El examen de los procedimientos y etapas de la captura del Estado, que inicia con la captura económica, lleva al análisis de formas más complejas y sofisticadas de captura. Se denomina a la etapa de mayor complejidad como Reconfiguración Cooptada del Estado.

Autores: Salcedo-Albarán, Eduardo; De León-Beltrán, Isaac; Guerrero, Bernardo.

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“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”

El Estado constituye el principal elemento articulador de la sociedad. En torno a este concepto se han generado múltiples debates. En términos generales, se entiende por Estado la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo el poder de mando de una autoridad que gobierna.

En todo Estado se hallan los siguientes elementos: el territorio, espacio físico que garantiza la existencia del Estado; el pueblo, comunidad de los que viven en ese territorio de acuerdo con el ordenamiento jurídico establecido; el gobierno, conjunto de instituciones habilitadas para ejercer el poder público; y la soberanía, máxima potestad del pueblo, que no proviene de ningún otro poder.

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La reforma del Estado está en la agenda política mundial, desde cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la postguerra entró en crisis hacia fines de la década de 1970. La primera respuesta a la crisis fue la neoliberal-conservadora, dada la imperiosa necesidad de reformar el Estado, restablecer su equilibrio fiscal y equilibrar la balanza de pagos de los países en crisis, fundamentada en la reducción del tamaño del Estado y el predominio total del mercado. La propuesta, sin embargo, tenía poco sentido desde el punto de vista económico y político. En efecto, después de algún tiempo se constató que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su reconstrucción.

En 1972 se conforma el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con el propósito de definir temas de frontera sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. El CLAD en su documento de 1998 plantea el desafío de compatibilizar las tendencias mundiales de cambio con las especificidades de la región, reconociendo, en tal sentido, que la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social son las tres especificidades que plantean nuevos horizontes a la reforma del Estado en América Latina.

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